La intención del legislador cuando impide el apresamiento de un colega mediante un apartado constitucional busca la protección política ante eventos políticos no otorgar privilegios ni patentes de corsario para que éste atraque y cometa desmanes. La protección del legislador es legítima sobre todo que siempre flotan hálitos dictatoriales en el ambiente del poder, pero su mal uso desacredita al país político sus instituciones y la democracia misma. Es un mal ejemplo que los hacedores de leyes se conviertan en delincuentes o cómplices del delito. Las leyes son para todos y no pueden ser las cámaras legislativas la mampara que éstos usen para establecer una separación entre el bien y el mal. El legislador Ramón Fernández se vinculó sexualmente con una niña y esto fue condenado por la Suprema Corte de Justicia que le impuso la privilegiada pena de un año de cárcel. Pero él es legislador hasta el 2016. A pena cumplida volverá a ser tribuno que predicará en contra de la corrupción y en favor de la aplicación de las penas a los delincuentes. El caso, la conducta social y la pena me recuerdan el libro El Padrino, donde un padre indignado por la insuficiencia de la ley recurre a la venganza apoyándose en Vito Corleone.
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