Al otro lado de la frontera miles de haitianos enardecidos reclaman su derecho a vivir de este lado de la isla donde algunos ya vivían, pero fueron a pasar las navidades con sus relacionados, y como dice el refrán, el que fue a villa perdió su silla. Los que ahora claman por su derecho al libre paso tienen la complicidad de otros supuestos dominicanos que entienden que el derecho y las leyes se aplican a conveniencias.
Es posible que entre los que reclaman ese derecho a vivir en la República Dominicana estén algunos que ingresaron cuando existían menos controles. Entraban como Pedro por su casa. Ahora quieren hacer lo mismo como si en este país el estado de derecho fuera inexistente.
Estoy seguro que entre los reclamantes, entre los que se cuentan autoridades haitianas, piden o piensan que el Gobierno dominicano deberían confeccionarle pasaportes, traerlos en autobuses refrigerados donde se les sirviera un almuerzo o desayuno, según la hora de viaje; pagarles dinero como dieta por verse obligados a viajar; buscarles trabajo; conseguirles alojamiento y además asegurarles una tarjeta de solidaridad por si no encuentran una vía de ingreso de efectivo.
Que Danilo debería ordene al Director de Migración que decline el presupuesto de esa entidad en favor de los indocumentados y se les otorgue cada año un bono por el retorno a su patria postiza. Es más, para bajar costos, reclamarían el establecimiento en la frontera de una estafeta de la Junta Central Electoral que dotara de actas de nacimiento o de cédula, según sea la petición, a todo el que la visitara y al lado una oficina de Pasaportes para que todo fuera sencillo y rápido.
¿Me falta algo más?
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