El caso de los colombianos y dominicanos acusados de estar involucrados en lavado de activos fue iniciado el 18 de diciembre pasado luego de una operación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). En 14 allanamientos ocuparon 15 kilos de cocaína, un millón de dólares, 24 mil euros, armas de guerra, vehículos de lujo, varias propiedades, entre otros bienes.
En aquel momento se dijo que la red integrada por más de 17 personas, habría lavado mil millones de pesos con apoyo de autoridades no identificadas. La DCND no participó en estas operaciones de captura. Cosa rara cuando hay drogas de por medio.
En mayo de este año, el Ministerio Público dijo haber detectado un plan de fuga y compra de jueces por parte de cuatro de los involucrados. Se mencionó a Huber Osvaldo Buitrago, Ángel Buitrago, Javier Camilo y Diana Milena Alfonseca.
Luego este caso atrajo público por sus ribetes faranduleros al involucrar una presentadora de televisión. Ahora el fiscal general Domínguez Brito lleno de cólera arremete contra dos jueces que variaron la coerción para una parte de los implicados. Dice que éste es peor que los casos de Quirino y Figueroa Agosto. Cuando hay tanto dinero y drogas hay sospecha legítima de corrupción. Hasta eso lo entiendo. Mas, acusar no es probar.
Los implicados quizá carezcan de arraigo, tengan nombres falsos y no haya mucha base para permitirles salir a las calles alegremente. Pero eso es la apariencia. Hay que convertir las evidencias en pruebas.
El apego constitucional tiene que hacer un callo en la conducta. Se tiene que creer que todos somos inocentes hasta sentencia irrevocable. A veces es difícil. Lo entiendo. Yo mismo he sido juez de acusaciones y he condenado a pena máxima. No soy jurista ni funcionario público. El caso del Ministerio Público es otro. Tiene que proteger la justicia de sus malos actores pero apegado al libreto.
El juez como fiel legado de Temis está en el medio de la balanza. Frecuentemente cuando juzga dejará insatisfecho una de las partes. El servidor público tiene que vivir con dos realidades: el bajo salario y el escrutinio de los ciudadanos. Los jueces no deben sentirse mal por la sospecha.
Pero, por si falta algo, la Suprema sanciona las inconductas.
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