miércoles, 25 de septiembre de 2013

Culpables de antemano

Alfredo Freites
afreites.listin@gmail.com
Ejerce una fuerza seductora de alcance imponderable eso de ser juez y parte.  A todos nos ocurre. Es ser dioses. Pensamos en la vida de otro, la evaluamos, trasegamos en nuestro cerebro la información sesgada  y emitimos juicios categóricos. Así actuamos. Parece que forma parte de nuestra educación.
De pasar por este camino no escapa nadie. Ni siquiera los familiares más íntimos. Juzgamos todo y a todos. Claro, que de esto escapa nuestra propia conducta. Acusamos de libertina a una mujer o de deshonesto a cualquier persona. Inmediatamente condenamos. Pero no miramos cómo actuamos.
Esto vale para personas e instituciones.
La situación de ser juez y parte que tan frecuentemente vivimos le viene como anillo al dedo a la Policía Nacional. No es culpa del actual jefe de la institución. Se puede decir  con licencia literaria que es una práctica continuada con más o menos éxito. Se dice que se descontinúe y se ejecuta, pero al poco, vuelven de nuevo a convertirse en tribunales los cuarteles policiales.
Durante la Era de  Joaquín Balaguer la Policía contaba con un cuerpo antiguerrillero, un servicio secreto y una nutrida plantilla de sesudos abogados que redactaban los expedientes como un juzgado de instrucción. Eran piezas bien acabadas en las que no importaba la calidad de las pruebas. Los del uniforme gris eran el Tribunal de Nuremberg. No había escapatoria. Pero también eran la Gestapo y una cámara de gas.  
Viene de lejos este  vicio de condenar a un acusado desde las celdas policiales. Eso de presentar ante la sociedad a un sospechoso como culpable ha sido la norma. El preso no tenía ni el derecho a la palabra. Menos a invocar inocencia.
Cuando la Policía presenta con nombres, apellidos y una fotografía a un acusado, la mente social lo condena. Eso lo saben los oficiales de la institución. El juez que así recibe un caso tiene una presión de prisión.
Las lacras sociales o los autores de crímenes merecen la cárcel pero no es misión de la Policía decidir eso. Investigar y reunir las pruebas sí. El Ministerio Público hace bien en desahuciar ese estilo, prohibir esta práctica de la que han sido cómplices por acción o comisión. La eficiencia se muestra con casos sólidos. 

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