En la madrugada del miércoles disparos de fusiles de guerra despabilaron la noche de San Francisco de Macorís. La sede del Ayuntamiento fue impactada por la voluntad de unas personas que dejan un mensaje con balas. Su texto es simple. Quieren la renuncia del alcalde o será asesinado.
Los autores que dicen ser miembros de la Resistencia Popular Duartiana salen de esta manera al escenario político. Es una organización clandestina y tiene un parto al margen de la ley.
En un documento que se hizo público ayer, los supuestos autores del atentado terrorista reclaman al alcalde Félix Rodríguez Grullón que abandone el cargo porque de lo contrario, en un plazo no mayor de 10 días será considerado un objetivo militar.
Presuntamente esa amenaza y el protocolo que exhiben es porque en el país no se castiga la corrupción. Los de esta presunta resistencia popular se han convertido en tribunal, jueces y verdugos.
Esta forma de actuar es fuera de época. La violencia no se justifica cuando hay libertad y tribunales actuantes. Cualquier ciudadano puede ser acusado de delitos pero se requiere de pruebas y no de opiniones para hacer un juicio. Acusar no es probar.
El citado grupo dice en el comunicado que firma un presunto comandante Edgar Antonio Reyes Cruz, que dice que prefiere conseguir las reivindicaciones por métodos pacíficos, pero la inoperancia del sistema judicial los empuja una vez más a hacer este tipo de acción. Cuando alegan “una vez más” parece subrayar que ya antes han efectuado otro tipo de persuasiones similares.
El que se haya usado armas de alto calibre, que se atribuyen a fusiles de guerra, hacen pensar que podrían ser terroristas de joven militancia que tienen su propio concepto de las leyes.
De primera mano se piensa en medidas de protección para el alcalde y una profunda investigación. Desde hace décadas esa provincia se tomó por punto caliente. Estas reacciones no son nada nuevo.
Empero, la investigación dirá si efectivamente es un grupo rebelde o es una mascarada. No será la primera vez que se quiera hacer pasar una cosa por la otra.
Si efectivamente es un grupo insurrecto organizado para ajusticiar a todo el que ellos condenen por corrupto la cosa se pone peliaguda.
Actuar amparados en la clandestinidad les ofrece libertad de movimientos. Hay que aguardar por la investigación del caso.
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