Hace mucho que lo dije, habría disgustos por todos lados, cual que fuera la solución propuesta para el tema de los descendientes de haitianos que reclaman su nacionalidad dominicana.
Amigos míos alegan que Danilo Medina pasará a la historia como el Presidente que facilitó que se borrara a la República Dominicana. Otros dicen que lo que se ha hecho no resuelve nada porque hay muchos descendientes de haitianos que nacieron aquí y tienen hijos dominicanos que son calificados de haitianos. Una cadena de sangre que carece de registro civil.
El Plan de Regularización de inmigrantes tiene en los haitianos la mayor tasa de extranjeros, y de ellos hay que excluir a los que siendo descendientes reclaman su nacionalidad dominicana. Este proyecto que busca aclarar el tema realmente inicia un largo trayecto en el que la desconfianza se mezcla con la evasión. No solo haitianos están en el país en condiciones de ilegalidad.
La organización Amnistía Internacional (AI) ha dicho que con la aprobación de la ley 169-14 sobre Naturalización, el país daba un paso largo, pero que al parecer el Gobierno sólo mira la punta del iceberg porque el problema es mucho más complejo.
En carta que enviara al presidente Danilo Medina, Erika Guevara Rosas, de AI, asegura que ninguna de las soluciones que aporta la citada ley dispone el restablecimiento automático de la nacionalidad dominicana como solicitaba esa organización. El gobierno está entre la espada y la espada.
Hasta el momento hay versiones contradictorias sobre la velocidad con que se ejecuta el registro de residentes extranjeros en busca de su regularización. Se afirma que son pocas las personas que buscan su inscripción.
El director de Migración, José Ricardo Taveras, dice que las autoridades no pueden obligar a ningún extranjero a que normalice su situación, y cree que con el paso de los días ese proyecto irá tomando velocidad porque hay mucha gente que deja las cosas para último.
Sin embargo, en las gobernaciones de San Cristóbal y San Pedro de Macorís, cientos de haitianos, muchos que no hablan español, están reclamando su regularización. Los intérpretes al servicio del proyecto están desbordados. El personal que está tomando los datos biométricos no dan abasto y han tropezado con dificultades del sistema para obtener las huellas dactilares y las fotografías de los solicitantes. A trompicones está en marcha un plan. Ya veremos dónde termina esto.
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